Los desempleados catalanes dados de alta en el Servei d`Ocupació de Catalunya (SOC) tendrán que rellenar a partir de ahora un cuestionario que los clasificará en dependencia directa de las capacidades de inserción laboral que tienen. Al mismo tiempo los desempleados tendrán que suscribir un compromiso de actividad.
Estos son algunos de los cambios que la Generalitat han introducido dentro del Servicio Público de Empleo para la mejora de la gestión del SOC para los desempleados. Con ello lo que se pretende desde el Gobierno Catalán es aumentar la capacidad de inserción en el mercado laboral de los 614.000 inscritos.
Con los nuevos cuestionarios que tendrán que rellenar los desempleados catalanes lo que se pretende es identificar los puntos críticos que les están impidiendo acceder a un empleo. Al mismo tiempo los desempleados serán integrados en itinerarios personalizados de inserción laboral y de formación profesional para el empleo.
Esther Sánchez, Secretaria de Empleo y Relaciones Laborales, ha mostrado en rueda de prensa un gráfico con la segmentación de los desempleados que priorizará a los colectivos que más problemas tiene de inserción laboral a los cuales desde su departamento se les intentará hacer un mayor seguimiento para que consigan encontrar empleo.
Entre los factores que evaluarán los nuevos cuestionarios se encuentra la urgencia social en la que vive del desempleado, la disponibilidad que tiene para viajar o trasladar su domicilio dentro de Cataluña. De este modo se pretende conocer mejor el perfil de cada parado para crear medidas de inserción laboral personalizadas.
Fuente: Abc    |    Imagen: ianmunroe

La Comunidad de Madrid, tras las múltiples noticias que alertaban que varias comunidades autónomas estaban retirando a los desempleados sus tarjetas sanitarias, ha comunicado que todos los desempleados empadronados en la comunidad autónoma tienen garantizada la cobertura sanitaria.

Desde junio del 2009 y mediante la orden 430 / 2009 se ha reconocido dentro del territorio de la Comunidad de Madrid la asistencia sanitaria pública y gratuita a cualquier persona independientemente de cual sea su situación laboral y del hecho de estar en situación de desempleo y haber agotado la prestación.

La sanidad de la Comunidad de Madrid también asegura la asistencia sanitaria a personas sin recursos simplemente con haber solicitado ante la Comunidad de Madrid del certificado de ser personas sin recursos suficientes. Con anterioridad a la orden, y en la Comunidad de Madrid los desempleados y autónomos que hayan dejado de cotizar a la Seguridad Social dejaban de tener derecho a la prestación sanitaria.

La causa era únicamente la incongruencia existente entre el texto de la Ley General de Sanidad del año 1986 y el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social del año 1994. Al menos eso es lo que se ha explicado desde el gobierno regional que preside Esperanza Aguirre. La incongruencia normativa fue descubierta por el Ministerio de Sanidad y Políticas Sociales que los llevó al parlamento para crear una Ley de Salud Pública que permitieses la universalidad de la sanidad pública. Sin embargo y con la nueva Ley la efectividad entre la situación de desempleado sin prestación y tener acceso libremente a la sanidad pública se producirá a partir del 1 de enero del 2012.

Fuente: Madrid Diario |    Imagen: M. Peinado

Todo parece indicar que el próximo año será el elegido por el nuevo gobierno regional liderado por Dolores del Cospedal para crear un nuevo modelo de oficina de empleo. En las nuevas oficias se plasmaran las nuevas medidas que con respecto al empleo quiere impulsar el gobierno del Partido Popular: Plan de Medidas de Apoyo a Emprendedores, Racionalización Administrativa y creación de la Administración Electrónica.

Las medidas que impulsarán la nueva estructura de las oficinas de empleo han sido aprobadas por el Consejo de Gobierno de Castilla – La Mancha y ya ha aparecido publicado en el Diario Oficial de Castilla – La Mancha. Lo que se pretende con el plan de renovación de las oficinas de empleo es superar la ineficacia que les caracteriza y que se conviertan en gestores eficaces de empleo, que es lo que demandan los ciudadanos.

A partir de ahora las oficinas de empleo tendrá la misión de actuar como agencias de empleo y su misión primera será aumentar el ratio de colocación laboral para desempleados, ponerse a las órdenes de las empresas y sus necesidades de empleo, dinamizar el mercado laboral de la zona donde se encuentren y servir de ayuda efectiva a los emprendedores.

Otras medidas que también se implementarán pasan por optimizar las funciones de los agentes colaboradores. Además a partir de ahora el circuito público de intermediación laboral coincidirá con el despliegue de agencias de colocación privadas que gestionarán sus propias ofertas de empleo y colaborarán con el Servicio Público de Empleo de Castilla – La Mancha.

Fuente: Abc |    Imagen: remove

El acuerdo que se ha producido en Cataluña entre el PP y CiU en lo que respecta al mundo del trabajo puede dar una pista de cuál será la senda que imponga Rajoy para solucionar la crisis económica que se vive en el país: flexibilidad, movilidad, polivalencia, lucha contra el absentismo y eliminar la relación entre aumento de los salarios e IPC.

El escenario económico actual y el futuro – la OCDE prevé un 23% de desempleo en España en el 2012 – hace que las reformas económicas del gobierno del Partido Popular tengan que ser rápidas y radicales. Lo que el PP podría buscar sería algo similar al Acuerdo Interprofesional que se acaba de firmar en Cataluña y que pone el acento en la flexibilidad laboral.

Si se logra un acuerdo similar llegaremos a un escenario en el cual los convenios colectivos sectoriales dejarán paso a los convenios en cada empresa, de las subidas de suelo ligadas a la evolución del IPC se pasará a una actualización salarial unida a la productividad de cada trabajador. Por último ante la contratación temporal se evolucionará a la contratación indefinida a tiempo parcial.

La flexibilidad estará presente en la organización del tiempo de trabajo en dependencia directa de las necesidades de la actividad de cada empresa. La flexibilidad también se aplicará a los rígidos costes laborales que existen en España de modo que cada empresa pueda ajustarse a la situación de su mercado de nuevas maneras y no como hasta ahora lo hacía mediante los despidos de trabajadores.

Fuente: Intereconomía |    Imagen: Seattle Municipal Archives

El Consejo de Ministros acaba de aprobar un reglamento por el cual los autónomos que cesen en actividad tendrán un sistema específico de protección ante tales salvedades. El logro de esta compensación había sido una reivindicación histórica de los trabajadores autónomos y quedó reflejado en el Estatuto del Trabajador Autónomo aprobado por el Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero.

En rueda de prensa el Ministro Portavoz del Gobierno, José Blanco, ha recordado que España es el primer país de Europa que legisla una protección por cese de actividad de los autónomos que favorecerá a aproximadamente a medio millón de cotizantes a la Seguridad Social. Además a esos se sumarán 150.000 que actualmente cotizan en el Régimen Especial Agrario. La prestación, que ha sido explicada al público por el Ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, será el 70% de la base de cotización de los últimos 12 meses, en unas cantidades que irán desde los 595 a los 1.397 €.

Desde el Ministerio de Trabajo se ha querido dejar claro que este sistema de protección para los autónomos por cese de actividad no es ningún subsidio no contributivo, sino que se hace frente  a él con las cotizaciones que han llevado a cabo los trabajadores autónomos. En este caso la cobertura proviene del 2,2% que la Seguridad Social destina a la indemnización.

En estos momentos existen 502.263 cotizantes autónomos en la Seguridad Social que tendrían derecho a esta indemnización por cese de actividad. Además también tendrían derecho al subsidio los 146.968 autónomos agrarios que están al día del pago de las cotizaciones a la SS. GG.

Fuente: El Mercurio Digital |    Imagen: John-Morgan

Valeriano Gómez, Ministro de Trabajo, ha comunicado en comparecencia pública que el Consejo de Ministros ha aprobado una prestación de desempleo propia para los autónomos. Este seguro de desempleo será financiado con el 2,2% de las cotizaciones a la Seguridad Social. Los beneficiados serán el 500.000 de autónomos que existe en el país y los 150.000 trabajadores del régimen de explotación agrario.

El seguro de desempleo será el 70% de la base de cotización y por cada 12 meses cotizados se tendrá derecho a dos meses de subsidio de desempleo con un máximo de 12 meses. Para tener derecho a un año de paro habrá que haber cotizado 48 meses consecutivos. Otra de las medidas, de la que ya hemos hablado en este blog, consiste en regular las prácticas laborales para los jóvenes desempleados.

Ese tipo de prácticas están indicadas únicamente para jóvenes entre los 18 y los 25 años y que posean algún título universitario, título de formación profesional o certificado de profesionalidad. Estas prácticas harán necesario la supervisión de un tutor y serán de una duración entre los 6 y los 9 meses. Los becarios cobrarán, con cargo al IPREM, la cantidad de 426 €. Tras la finalización de las prácticas los becarios recibirán un documento que acredita la realización de las mismas.

Los becarios, durante su periodo de prácticas profesionales, estarán incluidos en la Seguridad Social ya que las empresas tendrán que cotizar por ellos. Además está previsto que aún un porcentaje sin determinar de los becarios puedan ser contratados por las empresas en las cuales realizaron las prácticas.

Fuente: La Vanguardia |    Imagen: Shane Pope

Los nuevos contratos de formación tienen como objetivo permitir que jóvenes sin ningún tipo de título educativo oficial puedan acceder a formación teórica y práctica mientras desempeñan un trabajo. Estos contratos están dedicados en exclusiva a jóvenes que no hayan terminado sus estudios y no tengan todavía ningún tipo de título académico que les faculte para trabajar.

Los contratos de formación tienen no pueden tener una duración menor a los seis meses ni pueden ser superiores a los dos años. La única posibilidad de que un contrato de formación tenga una duración diferente es que así lo permita el convenio sectorial en el que se encuentra la empresa contratante.

Inclusive si se cumple esa condición los contratos de formación no pueden exceder los 3 años. La jornada laboral de un contrato de formación tiene que ser completa teniendo que estar la formación dentro del periodo de la jornada laboral. El periodo dedicado a la formación tanto teórica como práctica no puede ser inferior al 15% de la jornada laboral. Desde la última reforma laboral que se llevó a cabo en España los contratos de formación, una vez extinguidos y el joven en situación de desempleo dan lugar a la prestación por desempleo.

Los contratos de formación son diferentes a los contratos de prácticas. Mientras los primeros son exclusivos para jóvenes que todavía carecen de un título académico que les permita acceder a una categoría laboral determinada, los contratos en prácticas se pueden realizar a aquellos jóvenes que poseen una titulación determinada y desde la fecha de obtención de la misma no han pasado 4 años.

Fuente: Público |    Imagen: connect euranet

El Gobierno de España ha aprobado una nueva modalidad de contrato para la formación y aprendizaje de los trabajadores. Con este nuevo modelo de contrato válido hasta el 2013 para jóvenes de menos de 30 años se pretende dinamizar el mercado laboral. Este nuevo modelo de contrato contempla reducciones de las cotizaciones a la Seguridad Social que pueden llegar al 100% en el caso de las Pequeñas y Medianas Empresas.

En el Decreto Ley que ha aprobado el nuevo modelo de contrato también se contempla la posibilidad que las empresas durante los próximos dos años queden exoneradas de la obligación de hacer fijos a los trabajadores que durante un periodo de 30 meses hayan encadenado contratos temporales durante un periodo total de 24 meses.

La justificación de la anulación exoneración de la obligación de hacer fijos a determinados temporales es que está provocando el efecto indeseado de aumentar el número de empleados que trabajando como temporales que finalmente no son despedidos aunque sea mediante el encadenamiento de contratos temporales.

La creación de este nuevo contrato de prácticas se justifica por la necesidad de hacer frente a unos niveles de desempleo entre menores de 25 años – 46,12% de desempleo – que son difícilmente asumibles por la sociedad española. El 60% de esos desempleados de menos de 25 años no tienen el título de Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

El nuevo contrato de formación se podrá realizar a jóvenes entre los 16 y los 25 años como norma general y durante dos años a menores de 30 años. La duración de este nuevo contrato de formación no podrá superar los 3 años.

Fuente: Expansión |    Imagen: Maritime Union of New Zeland

Habitualmente el mes de agosto siempre ha estado ligado a las vacaciones. Además muchos trabajadores tienen vacaciones forzosas ya que sus empresas optan por despedirlos en agosto para volver a contratarlos en el mes de septiembre. De este modo se evitan el tener que pagarles el mes de vacaciones retribuidas al que tendrían derecho en caso de seguir en plantilla.

Desde el año 2001 hasta el año 2010 agosto siempre ha sido sinónimo de un aumento en los índices de desempleo en España. La media de despidos en el mes de agosto en estos 10 años ha sido de 48.653 personas que han ido a engrosar las filas del desempleo. Este año, a falta todavía de estadísticas, se espera que le número de desempleados aumente con respecto a otros años.

Agosto lleva muchos años considerado como un mes negro o como lo ha valorado el Ministro de Trabajo Valeriano Gómez, como un mes malo para el empleo en los últimos 15 años. Esto se debe, en opinión del ministro, a ciertas prácticas empresariales que rescinden el contrato durante el mes de agosto para volverlos a contratar en septiembre. De ese modo el pago del mes de vacaciones lo realizan los servicios estatales de empleo.

Los últimos datos de los que se tienen noticia, las cifras del paro en el mes de julio, hablan de que en nuestro país existían 4.079.742 personas en situación de desempleo. La mayor parte de las personas que han pasado a engrosar las estadísticas de desempleo eran contratadas temporales.

Uno de los caballos de batalla de la patronal, la moderación salarial, la entiende el Ministro de Trabajo de una manera más amplia, en concreto desde el ministerio lo que se pretende conseguir es una moderación de rentas en la cual se moderen los salarios tanto como los salarios.

Fuente: La Razón |    Imagen: AFL CIO

Acaba de hacerse público el informe “Propuesta de medidas urgentes en materia de empleo juvenil” que ha sido patrocinado por el Instituto de Relaciones Laborales (IRLE) y la Fundación Sagardoy. La presentación del informe contó con la presencia del presidente de la Fundación Sagardoy, Juan Antonio Sagardoy Bengoechea.

El informe es ante todo una reflexión a la hora de lograr acabar con la lacra del desempleo juvenil. Entre las medidas que plantea para lograr ese objetivo se encuentran una reforma de la legislación laboral que active el empleo juvenil y la incentivación de la contratación de jóvenes por parte de los empresarios. El informe, en lo que respecta a las medidas legislativas, destaca las modificaciones a realizar en legislación laboral y seguridad social.

En el informe se presenta un cambio completo de los antiguos contratos de prácticas para transformarlo en un contrato de ingreso y fomento del empleo juvenil. Al mismo tiempo el informe también solicita una mayor claridad en las políticas de becas debido al vacío legal que actualmente existe en su concesión.

El informe financiado por la Fundación Sagardoy también propone la extensión de la duración del periodo de pruebas en jóvenes y la modificación de la regulación del régimen de programas de cooperación educativa por considerar que la misma está obsoleta. En cuanto a los contratos de tiempo parcial se propone la flexibilización de las reglas laborales y el refuerzo del régimen de protección social.

En lo que respecta a los jóvenes sin formación lo que se busca es lograr la activación de los desempleados entre 18 y 19 años con políticas tendentes a conseguir un empleo. Dichas políticas serían fundamentalmente activas.

Fuente: Equipos y Talento |    Imagen: istolethtv